Por Juan Pablo Castillo Álvarez
Consultor en comunicación estratégica, imagen institucional y marketing
CEO Founder/ Politicomms
Durante casi cuatro décadas, el Campo Xan en el Parque Nacional Laguna del Tigre, Petén, fue sinónimo de petróleo en Guatemala. En sus mejores años, llegó a producir hasta el 90% del crudo nacional, convirtiéndose en el corazón de la industria petrolera del país (Mongabay, 2022). Operado por Perenco desde inicios de los 2000, este enclave representó tanto una fuente de ingresos como un punto de fricción entre desarrollo, conservación y legalidad. El 12 de agosto de 2025, con el fin del contrato 2-85, se cerró un ciclo energético y se abrió otro: el de la comunicación política, la legitimidad pública y la disputa de narrativas.
El marco de la decisión
El gobierno de Bernardo Arévalo había anticipado desde 2024 que no habría extracción en áreas protegidas. La narrativa oficial nunca fue improvisada: se construyó sobre tres pilares claros —vencimiento contractual, ubicación del yacimiento en un área núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya, y la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental aprobado desde hacía décadas (Plaza Pública, 2016)—. Al llegar el momento de la no prórroga, el mensaje tenía coherencia y previsibilidad. En comunicación política, esa consistencia en el tiempo es clave: evita la sorpresa y transforma una decisión técnica en política de Estado.
Más allá del plano nacional, el cierre dialoga con la narrativa global de transición energética y protección de ecosistemas críticos. Guatemala firmó el Acuerdo de Escazú en 2018, aunque en 2022 notificó a Naciones Unidas que no pretende ser parte de él. Esa tensión entre hechos y compromisos formales deja ver el dilema: un Estado que toma decisiones ambientales de alto impacto, pero sin sujetarse plenamente al marco regional que promueve acceso a información, participación y justicia ambiental.
Quién narró y cómo lo narró
La batalla comunicacional no se jugó en silencio. Cuatro actores marcaron el tono:
• El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas, habló de legalidad, orden y transparencia. No se trataba solo del fin de un contrato: se proyectó como un cierre técnico con control institucional. La Presidencia reforzó el relato ambiental como política pública, con vocerías segmentadas en lo técnico (MEM), lo ambiental (MARN, CONAP) y lo de seguridad (Ejército, PNC).
• Perenco, en cambio, eligió el perfil bajo. Cumplió con la reversión de activos y notificó la terminación anticipada del oleoducto SETH —originalmente vigente hasta 2044—, pero no desplegó una narrativa propia. Ese silencio estratégico dejó el campo abierto para que otros escribieran su epitafio.
• Las organizaciones ambientales y sociedad civil celebraron la medida como una victoria histórica, reforzando el carácter ilegal y ambientalmente insostenible de la operación en un área núcleo. Su relato cargado de memoria histórica —desde la falta de EIA hasta los conflictos territoriales en Laguna del Tigre— consolidó la percepción de justicia ambiental.
• Los gremios empresariales y actores políticos lamentaron el impacto económico, la pérdida de empleos y la reducción de ingresos fiscales. Su narrativa, sin embargo, quedó relegada frente al discurso ambiental, porque no alcanzó a articular un marco que trascendiera el corto plazo.
En comunicación estratégica, los vacíos siempre se llenan. Y en este caso, el silencio de la empresa facilitó que el Estado y la sociedad civil se convirtieran en narradores dominantes.
Economía, territorio y comparaciones necesarias
El Campo Xan promedió entre 5 y 8 mil barriles diarios, lo que equivale a cerca de dos millones de barriles al año. Con precios internacionales de entre 60 y 75 dólares por barril, hablamos de una magnitud económica de 110 a 220 millones de dólares brutos anuales. Esa proporción explica el peso del debate: no es un cierre menor, sino la clausura de la principal fuente de petróleo del país. Los informes de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) muestran pagos fiscales relevantes pero variables; sin embargo, el tablero del cierre —empleo local, regalías municipales y contratos de abandono— todavía espera transparencia pública.
En el territorio, la historia no termina con la firma de un acta. Comunidades de Laguna del Tigre han vivido décadas de tensiones entre conservación, desplazamientos y promesas incumplidas. Para ellas, el cierre no es un símbolo abstracto: es incertidumbre laboral, expectativa de restauración ecológica y demanda de participación real en la gobernanza del abandono. La legitimidad del proceso dependerá de que el Estado abra mesas de información y escucha en Petén, no solo de comunicados desde la capital.
Los casos comparativos en la región dejan una lección. En Perú, tras el derrame de Ventanilla en 2022, la gestión inicial de Repsol fue percibida como insuficiente y la narrativa adversa se consolidó hasta hoy (FIDH, 2023). En Ecuador, la saga Texaco–Chevron demostró cómo la ausencia de relato corporativo terminó por fijar en la memoria histórica una condena social que trasciende los fallos judiciales (Reuters, 2018). Moral estratégica: si no narras tu salida, otros lo harán por ti.
La batalla del relato
La comunicación del cierre del Campo Xan puede leerse a través de marcos teóricos conocidos. Desde la perspectiva de la agenda-setting (McCombs y Shaw), el gobierno logró colocar el “fin de un contrato en área protegida” como tema central, relegando el debate económico. Desde el framing (Entman; Lakoff), las vocerías estatales sostuvieron con éxito el marco de legalidad y ambiente frente a los rivales de empleo o desarrollo. Desde la idea de narrativas maestras (Castells; Somers), se reafirmó la noción del ambiente como límite político. Y desde la teoría de la esfera pública (Habermas), persiste el reto de trasladar esa legitimidad discursiva al territorio, con procesos participativos que validen la decisión más allá de la retórica central.
Mi Reflexión final
El cierre del Campo Xan es más que el fin de un contrato petrolero: es un espejo de cómo la comunicación define legitimidad en la política contemporánea. El Estado logró proyectar un mensaje coherente, consistente y ambientalista, alineado con la tendencia internacional de no explotar fósiles en áreas críticas. Perenco, en contraste, eligió el silencio y con ello perdió su última oportunidad de influir en la memoria colectiva.
En un país donde cada decisión pública se libra también en el campo de la percepción, el caso Perenco demuestra que quien controla la narrativa controla el legado. El reto pendiente no es solo ambiental ni económico, sino comunicacional: sostener en el tiempo la legitimidad del cierre con participación real de las comunidades y transparencia sobre los costos del abandono. Solo así el relato se convertirá en memoria colectiva duradera.
Referencias
Agencia Guatemalteca de Noticias. (2025, agosto 11). MEM no prorroga contrato con Perenco y declara emergencia para cierre de instalaciones.
BNamericas. (2025, agosto 12–13). Guatemala to maintain Perenco assets ready; Perenco prepara devolución de activos.
Castells, M. (2009). Communication Power. Oxford University Press.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (s. f.). Portal del Acuerdo de Escazú.
Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH). (2023). Executive summary: Perú – Respuesta al derrame de Ventanilla.
Habermas, J. (1991). The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT Press.
Lakoff, G. (2004). Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate. Chelsea Green.
McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176–187.
Ministerio de Energía y Minas de Guatemala. (2019). Contratos Petroleros 2019 (Ficha 2-85: 7,695 bpd).
Mongabay. (2022, diciembre 9). Bill threatens more oil extraction in Guatemala: Campo Xan 5–7 kbpd (~90% del crudo nacional).
Plaza Pública. (2016, febrero 3). Nadie controla a Perenco: la operación petrolera sin Estudio de Impacto Ambiental.
Plaza Pública. (2025, julio 31). #EnCorto | La contradictoria posición del gobierno sobre Perenco.
Prensa Comunitaria. (2024, abril 3). Arévalo confirma que no renovará operaciones de Perenco en Xan.
Prensa Libre. (2025, agosto 18–19). MEM declara emergencia para operar oleoducto y refinería.
Reuters. (2018, septiembre 8). Tribunal internacional falla a favor de Chevron en el caso Texaco–Ecuador.
Somers, M. (1994). The narrative constitution of identity: A relational and network approach. Theory and Society, 23(5), 605–649.
