Por : Juan Pablo Castillo/ CEO Founder/ Politicomms
Cuando un país empieza a sentir que la ley deja de ser solo un árbitro y empieza a operar como herramienta de disputa, no siempre lo nombra. No necesariamente lo discute en voz alta, ni lo convierte en conversación cotidiana. Pero lo percibe: en la incertidumbre, en la sospecha, en el cansancio ciudadano ante expedientes que parecen tener vida política propia. A ese fenómeno, en distintos debates académicos y políticos, se le conoce como lawfare: el uso estratégico del sistema legal para producir consecuencias de poder. En Guatemala, entre 2022 y 2026, varios hechos —procesos contra operadores de justicia, el caso Zamora, la conflictividad poselectoral alrededor del TSE, la judicialización del partido de gobierno y, más recientemente, la intervención del MP en la elección del CANG para representantes ante la Corte de Constitucionalidad— han sido leídos por amplios sectores como señales de un patrón donde la ley puede funcionar como herramienta de disputa política. Y en comunicación política, eso tiene una implicación brutal: el expediente no solo se litiga en tribunales; también se litiga en la opinión pública. Y, muchas veces, la opinión pública sentencia primero.
La definición que importa (para entender lo que pasa en Guatemala)
Charles J. Dunlap, uno de los autores más citados cuando se habla del origen contemporáneo del término, planteó una idea que sigue vigente: lawfare como el uso de la ley para obtener ventajas dentro de un conflicto. En la práctica política, esa lógica suele operar bajo una regla simple: el proceso es el castigo. Aunque no haya condena, el costo reputacional, económico, emocional y político se paga desde el inicio.
Aquí aparece el primer punto clave: lawfare es un concepto disputado. Puede usarse para denunciar persecución real, pero también puede usarse como escudo retórico contra investigaciones legítimas. Por eso, el análisis serio no se basa en consignas; se basa en patrones verificables: selectividad, opacidad, abuso de cautelares, sincronía mediática, filtraciones, estigmatización y efectos disciplinarios (autocensura, exilios, parálisis).
Robert Entman lo explicó de forma que sirve como bisturí para leer cualquier crisis institucional. Para Entman, “enmarcar” es seleccionar aspectos de la realidad y hacerlos más salientes “de modo que promuevan una definición del problema, una interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento”.
¿Por qué comunicación y medios son centrales en el lawfare?
Esa frase debería estar pegada en la pared de cualquier sala de crisis: en lawfare, no basta con que exista un proceso; importa cómo se enmarca. El encuadre decide si el público lo interpreta como justicia, como persecución o como simple “pelea de poder”. Y ese encuadre, en gran medida, se construye en el ecosistema informativo.
A esto se suma la agenda pública. McCombs y Shaw, en el estudio fundacional de agenda-setting, advirtieron que al seleccionar y jerarquizar noticias, los medios influyen en qué temas la gente considera importantes. En un país con alta conflictividad institucional, si un caso judicial domina titulares, noticieros, radios y redes, el caso deja de ser “un expediente”: se vuelve el centro del debate público, el filtro con el que se mira al gobierno, a la justicia y a la democracia.
Hechos que ilustran el patrón
Sin convertir esto en una lista infinita, hay hitos que explican por qué la conversación se instaló.
Y aquí aparece el mecanismo más poderoso: el juicio social previo, lo que en literatura se suele asociar a “trial by media”. La condena se vuelve emocional, instantánea y muchas veces irreversible, incluso si el caso se desinfla después. En lawfare, eso no es un accidente: es rendimiento político.
En 2022, varios casos de operadores de justicia se volvieron símbolos de criminalización o presión contra quienes habían trabajado investigaciones anticorrupción. Paralelamente, el caso del periodista José Rubén Zamora (arrestado en julio de 2022) se convirtió en un referente regional. La American Bar Association publicó un informe de observación del juicio que discute garantías y contexto institucional, y el caso fue seguido por organizaciones internacionales como un termómetro de libertad de prensa.
En 2023, la conflictividad subió de nivel: dejó de ser solo “justicia vs. actores individuales” y tocó el corazón del sistema democrático. Associated Press documentó allanamientos relacionados con el Tribunal Supremo Electoral y la apertura de cajas con votos, en medio de la transición poselectoral. Ese tipo de episodios no son técnicamente “comunicación”, pero producen algo decisivo: imágenes. Y la política contemporánea se organiza por imágenes que se vuelven símbolos de legitimidad o de ruptura.
En 2024, el debate se internacionalizó aún más. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria emitió una opinión sobre el caso Zamora. Cuando mecanismos de Naciones Unidas entran a la conversación, la disputa deja de ser doméstica: se vuelve reputación-país, se vuelve confianza internacional, se vuelve un espejo donde la democracia se mira.
Y a finales de 2024, Human Rights Watch publicó un reporte que describe “procesos políticos” impulsados por el Ministerio Público, y subraya un patrón comunicacional especialmente sensible: acusaciones públicas de alto perfil seguidas por casos bajo “reserva”, lo que limita el escrutinio público mientras el daño reputacional ya fue producido. Si uno quisiera resumir la eficacia del lawfare en una frase, sería esa: alto impacto, baja verificabilidad.
Si esa dinámica ya había tocado lo electoral en 2023, el 12 de febrero de 2026 se desplazó con fuerza hacia las elecciones de “segundo grado”, donde se define quién controla piezas críticas del sistema. Ese día, durante la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para designar magistratura titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público realizó diligencias en centros de votación, generando interrupciones y tensión. La Corte de Constitucionalidad reaccionó ordenando la continuidad del proceso sin interferencias y ordenando al MP abstenerse de actos que interrumpieran, suspendieran o perturbaran la votación, el escrutinio y la declaración de resultados. La Misión de la OEA en Guatemala condenó públicamente la intervención. Aunque el MP justificó su actuación por denuncias de supuestas anomalías, el episodio deja una señal estratégica: cuando el actor penal entra al espacio del sufragio —aunque sea gremial—, el mensaje institucional puede volverse más potente que el acto investigativo; se instala incertidumbre, se condiciona la participación y se erosiona confianza en la neutralidad del arbitraje.
El impacto real: democracia, confianza y gobernabilidad
El daño del lawfare —o de la percepción extendida de lawfare— no se queda en el mundo jurídico. Tiene efectos en cascada.
Primero, erosiona la legitimidad democrática: si el público cree que el resultado electoral, la personería de partidos o el funcionamiento de instituciones puede ser reconfigurado por vías judiciales estratégicas, se rompe la idea básica de que el voto es el árbitro final. Y donde el voto deja de ser árbitro, crece la polarización y la tentación de salidas extrainstitucionales.
Segundo, destruye confianza: una parte de la ciudadanía concluye “todo es persecución”; otra parte concluye “lawfare es excusa”. La consecuencia es la misma: no hay estándar común para creer en justicia, y sin estándar común no hay cohesión democrática.
Tercero, produce parálisis y miedo decisional. Un Estado bajo amenaza de judicialización selectiva se vuelve un Estado que firma menos, innova menos, investiga menos, denuncia menos. La administración pública aprende a sobrevivir, no a transformar.
Y cuarto, golpea reputación-país. No hace falta exagerar: cuando los principales titulares internacionales sobre Guatemala se asocian a crisis judicial-electoral o a persecución de prensa, el país paga costos diplomáticos y de inversión. Ahí, comunicación institucional y estabilidad democrática se vuelven economía.
¿Qué papel están jugando los medios en Guatemala y por qué importa?
Los medios no son homogéneos y no se deben tratar como un bloque. Pero el ecosistema mediático puede convertirse en parte del problema cuando se combina:
• Filtración selectiva.
• Titulares condenatorios.
• Repetición del frame.
• Poca proporcionalidad cuando el caso se cae o se corrige.
En lawfare, esa asimetría es fundamental: la acusación abre noticieros; la rectificación, si llega, se vuelve nota secundaria. El proceso ya castigó.
Además, cuando el Ministerio Público o actores judiciales usan conferencias de prensa como teatro político y luego declaran “reserva” para reducir escrutinio, se crea un diseño perfecto para la manipulación: la ciudadanía recibe señal de culpabilidad, pero no tiene acceso a información suficiente para evaluar evidencia. HRW lo documenta con claridad en su descripción del patrón.
Estrategias de comunicación para debilitar y neutralizar el lawfare
Aquí hay una tentación frecuente: convertir la respuesta en propaganda o en ataque frontal a “la justicia”. Ese camino es un error. Si un gobierno democrático quiere neutralizar el rendimiento político del lawfare, debe hacer lo contrario: hablar en nombre de la justicia, pero con estándares, no con queja.
La primera estrategia es el reencuadre. Volviendo a Entman, quien define el marco define el problema. La respuesta no puede ser “nos persiguen”; debe ser “defendemos debido proceso, prueba, proporcionalidad, transparencia y competencia institucional”. Ese lenguaje convierte la defensa en un terreno verificable.
La segunda estrategia es producir “evidencia comunicable”: fichas simples, públicas, repetibles, con cronología, acto formal, estándar aplicable y petición concreta (por ejemplo: publicidad de resolución, motivación completa, audiencia pública, límites razonables a la reserva). Esta táctica quita oxígeno a la filtración y eleva el costo de la opacidad.
La tercera estrategia es inoculación. Lewandowsky y otros autores han desarrollado la lógica de “prebunking”: construir resiliencia antes del ataque, enseñando a la audiencia cómo operan las técnicas de desinformación y manipulación. En Guatemala, inocular significa explicar —con ejemplos neutrales— qué es prisión preventiva, qué es reserva, por qué un titular no es prueba, y cómo se reconoce la instrumentalización del proceso. La meta es simple: que cuando llegue la próxima filtración, una parte del público ya tenga defensas cognitivas.
La cuarta estrategia es reputación y reparación. William Benoit, desde la teoría de reparación de imagen, insiste en que las crisis se gestionan con estrategias discursivas claras para restaurar credibilidad. En el marco de lawfare, esto implica evitar contradicciones, sostener coherencia y no caer en exageraciones que destruyan confianza.
Y la quinta estrategia —la más importante— es apoyarse en terceros creíbles: academia, colegios profesionales, sector privado, organizaciones de derechos humanos. El gobierno tiene interés; los terceros tienen legitimidad. En lugar de pedir adhesión política, se pide adhesión a estándares. Eso despolariza y reduce el margen para que la defensa se etiquete como “propaganda”.
La batalla no es por un caso, es por la confianza
Guatemala puede seguir atrapada años en una guerra de expedientes y titulares, o puede decidir reconstruir un consenso mínimo: que la justicia debe ser justicia, no un instrumento. En esa reconstrucción, la comunicación no es accesorio: es infraestructura democrática.
La pregunta de fondo no es si un actor gana un caso. La pregunta es si el ciudadano vuelve a creer que la ley protege a todos por igual, que el debido proceso vale para todos y que la democracia no se decide por filtraciones.
Cuando la política se judicializa y la justicia se politiza, el país se queda sin árbitro. Y cuando no hay árbitro, el conflicto se vuelve destino. La tarea estratégica —para gobierno, oposición, medios y sociedad— es impedir que eso ocurra.
Referencias:
Benoit, W. L. (1997). Image repair discourse and crisis communication. Public Relations Review.
Dunlap, C. J., Jr. (2008). Lawfare Today: A Perspective. Duke University School of Law (Faculty Scholarship).
Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication.
Human Rights Watch. (2024, December 18). Guatemala: Attorney General Pursues Political Prosecutions.
McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly.
United Nations, Working Group on Arbitrary Detention. (2024). Opinion No. 7/2024 (Guatemala).
Associated Press. (2023, September 12). Guatemala… raid election facilities, open vote boxes.
American Bar Association. (2024). Trial Observation Report: Guatemala vs. José Rubén Zamora.
Prensa Libre. (2026, February 12). CC ordena no interrumpir elecciones del CANG pese a operativos del Ministerio Público.
Prensa Libre. (2026, February 12). CANG elige a Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo como magistrados de la CC en jornada marcada por operativos del MP.
Organización de los Estados Americanos. (2026, February 12). Misión OEA en Guatemala condena intervención de Ministerio Público en votación del Colegio de Abogados y Notarios en elección a Corte de Constitucionalidad.
Emisoras Unidas. (2026, February 12). MP revela detalles del caso vinculado con elecciones en el CANG.
Infobae. (2026, February 13). Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala elige magistrados para la Corte de Constitucionalidad bajo tensión por intervención del Ministerio Público.
