Por Juan Pablo Castillo — Politicomms
En Guatemala, el poder no siempre se ha ejercido desde las instituciones formales. Muchas veces, ha sido sostenido desde estructuras paralelas que, al amparo de causas sociales legítimas, han construido mecanismos de presión que operan por fuera del marco del bien común. El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), bajo la figura de Joviel Acevedo, es uno de esos casos emblemáticos. Su capacidad de operar como un actor que negociaba privilegios con gobiernos débiles o populistas, usando como rehén al sistema educativo, constituye uno de los mayores fracasos históricos del Estado en garantizar el derecho a la educación.
Lo que ocurrió el 14 de julio de 2025, cuando la Corte de Constitucionalidad resolvió ordenar el cese de las medidas de hecho emprendidas por el STEG, es jurídicamente una decisión ejecutoria, pero políticamente es un acto comunicacional de primer orden. No estamos solo ante una sentencia legal. Estamos ante un momento fundacional de una nueva etapa en la educación pública, siempre y cuando se sepa narrar, sostener y ejecutar con precisión. Porque, como señala Castells (2009), el poder se construye en la capacidad de imponer significados compartidos, y el fallo de la Corte ha abierto una grieta en la hegemonía simbólica que el STEG había erigido durante décadas.
Durante mucho tiempo, Joviel supo construir una narrativa de protección. Se posicionó como escudo del maestro empobrecido, como voz de una profesión olvidada por el Estado. Ese relato logró instalarse en el imaginario público, sobre todo en los años posteriores al conflicto armado, cuando la figura del maestro estaba cargada de dignidad y precariedad. Pero todo relato es eficaz hasta que pierde correspondencia con la realidad. Hoy, ese relato ya no representa ni siquiera a la mayoría de docentes jóvenes, que ven en el sindicato no una red de defensa, sino una estructura de coacción que limita su desarrollo profesional y su autonomía pedagógica. Como lo señala Fairclough (1995), el lenguaje no solo refleja la realidad: la construye. El STEG construyó una realidad simbólica durante años. Pero esa construcción hoy está resquebrajada.
Sin embargo, sería ingenuo pensar que un fallo, por más sólido que sea, destruye por sí solo un aparato de poder con raíces territoriales, redes clientelares y experiencia en sobrevivir. Desde la comunicación política, debemos entender que lo que ha ocurrido no es una derrota final, sino una ruptura en la continuidad de la narrativa dominante. La figura de Joviel está herida de muerte simbólica, pero las estructuras que sostenía aún pueden rearticularse. Por eso, antes de celebrar, hay que anticipar.
He evaluado con seriedad los escenarios que podrían activarse desde el STEG en esta nueva coyuntura. El primero es el intento de reposicionamiento victimista. No es extraño en el sindicalismo latinoamericano que, ante un debilitamiento interno, se recurra al relato de la “criminalización de la protesta”. Pero el caso guatemalteco tiene particularidades. Acevedo carece ya del capital moral necesario para que ese relato resuene. Las organizaciones internacionales hoy están más inclinadas a proteger el derecho a la educación que a sostener estructuras sindicales autoritarias. El relato de persecución podría ser intentado, pero no encontrará eco real, salvo en círculos ideologizados sin peso institucional.
Más probable y peligroso es que el STEG active su capacidad territorial. En departamentos donde todavía ejerce poder informal sobre nombramientos, interinatos y plazas, podría orquestar sabotajes administrativos, toma de oficinas, o siembra de desinformación que fracture la gobernabilidad educativa. Este es el verdadero campo de batalla: el territorio. Y es ahí donde el Ministerio de Educación debe actuar con mayor decisión, anticipando y blindando cada Dirección Departamental con respaldo político, asesoría legal y acompañamiento comunicacional.
Tampoco puede descartarse la vía judicial. El STEG podría interponer nuevas acciones constitucionales o denuncias que, aunque no revertirían la resolución vigente, podrían generar desgaste, entorpecer la implementación de sanciones o complicar el clima administrativo. Pero es el escenario de la negociación política informal el que más debe alertar a la conducción educativa. El patrón histórico de la política guatemalteca nos ha enseñado que los pactos encubiertos han sido el método por excelencia para desactivar conflictos sin resolverlos. Si se negocia con Joviel en la sombra, si se otorgan beneficios a cambio de calma, si se perpetúa la lógica de la extorsión envuelta en gobernabilidad, se perderá más que una oportunidad: se perderá la confianza de una generación que cree en la transformación.
En este momento, la pregunta no es si se puede cambiar el modelo educativo cooptado por el sindicalismo, sino si el Estado tiene la voluntad de hacerlo sin ceder a sus viejas prácticas. No hay fórmula mágica, pero sí un conjunto de decisiones que deben tomarse con precisión. Desde la narrativa, debe evitarse el tono triunfalista y comunicar con claridad que lo que está en juego no es una ofensiva contra los maestros, sino una restitución del derecho de los niños a aprender. La comunicación pública debe estar centrada en el afecto, la protección y el futuro. Debe incorporar voces plurales: madres de familia, docentes jóvenes, líderes pedagógicos, y no solo autoridades.
El Ministerio de Educación necesita acompañar esta transformación con acciones concretas: abrir espacios donde los docentes puedan expresarse sin intermediación sindical, promover nuevos liderazgos gremiales democráticos, facilitar elecciones abiertas en organizaciones alternativas. Se debe construir gobernabilidad educativa desde el territorio, con direcciones departamentales empoderadas y respaldadas, no abandonadas a su suerte. Y la comunicación debe ser multicanal, segmentada y profundamente humana. Las campañas no deben solo informar: deben tocar. Porque lo que se está sanando no es solo un sistema, sino un vínculo roto entre el Estado y quienes enseñan y aprenden.
Como lo ha señalado Entman (1993), la forma en que se enmarca un tema determina la forma en que es entendido. Este conflicto no debe ser enmarcado como una guerra entre poder y resistencia, sino como la oportunidad de sanar la relación entre legitimidad institucional y derecho social. No basta con tener la razón jurídica. Hay que tener el relato que sostenga la transformación.
La resolución de la Corte ha abierto una grieta. Esa grieta puede llenarse de caos o puede llenarse de sentido. La historia está mirando. La ciudadanía también. Y una generación de docentes —aquellos que aún creen en la vocación como servicio— está esperando que por fin se diga la verdad sin miedo: la educación no puede ser rehén de nadie. Ni de caudillos, ni de estructuras caducas, ni de negociaciones oscuras. La educación es el pacto más sagrado de toda democracia. Y ya es hora de honrarlo.
Referencias
Castells, M. (2009). Communication power. Oxford University Press.
Corte de Constitucionalidad de Guatemala. (2025, julio 14). Resolución en el expediente 3052-2025. Amparo provisional presentado por la PGN contra el STEG.
Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51–58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x
Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis: The critical study of language. Longman.
Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. University of Chicago Press.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2023). Informe de desarrollo humano Guatemala 2022–2023: Educación, desigualdad y territorio. https://www.undp.org/es/guatemala/publications
